[Este artículo está extraído del capítulo 8 de Political Economy of Monopoly (1952)]
Uno de los métodos más antiguos y extendidos de regulación pública es prohibir actividades concretas sin el permiso expreso del gobierno. En el siglo XVI, el rey Enrique III de Francia impuso este tipo de regulación hasta su límite extremo, al menos en teoría, cuando declaró que el derecho a trabajar era él mismo un “droit royal”, un privilegio otorgado por el rey.
En época medieval y principios de la moderna, licencias, cartas y grupos organizados de comerciantes formaban la base de una regulación pública detallada de la vida económica en la mayoría de los países europeos. Este tipo de organización económica, llamado en general el “sistema de gremios”, se hizo cada vez más inaceptable al dar paso la organización mercantilista y feudal de la sociedad, bajo el impacto de concepciones más liberales de organización social, a las instituciones de un sistema de “libre empresa”. Hoy, por desgracia, estamos volviendo rápidamente en sectores importantes de la economía a este sistema anticuado.
La libertad económica ganó y volvió a perder
Estados Unidos se creó en un momento en que la concepción regulatoria del estado estaba desapareciendo en Inglaterra y esta concepción nunca tuvo raíces profundas en América La libertad era una de las ideas que movían al nuevo país y los intentos del gobierno por interferir en la libertad de las personas para llevar a cabo un comercio legítimo fueron observados con el máximo celo.
Así, en 1885, cuando la legislatura de Nueva York intentó regular la fabricación de puros mediante licencia, el tribunal fue terminante en su condena de dicho intento de interferir en el derecho de los hombres a elegir sus ocupaciones sin trabas del gobierno y reconoció claramente la similitud de la disposición de restricciones generalizadas de una ápoca anterior.
Esa legislación puede invocar una clase de derechos hoy y otra mañana y, si puede aprobarse bajo la Constitución, aunque sea eliminada con el tiempo, no estaría lejos en la práctica política de aquellas épocas en que los prefectos públicos supervisaban la construcción de casas, la cría de ganado, la siembra de semillas y la recogida del grano y las gobernanzas públicas regulaban los movimientos y trabajo de los campesinos, los niveles salariales, el precio de la comida, la dieta y ropa de la gente y una gran cantidad de otros asuntos desde hace mucho considerados en toda tierra civilizada como fuera de las funciones públicas. Esas interferencias públicas perturban los ajustes normales del tejido social y normalmente trastornan la delicada y complicada maquinaria de la industria y causan diversos males al tratar de eliminar uno de ellos.
Pero la vigilancia que es el precio de la libertad se ha visto socavada por la confusión del pensamiento y hoy a los gobiernos locales de todo tipo se les permite regular el derecho de los hombres a practicar incluso los oficios más humildes. Una red invisible de regulaciones detalladas, ligadas a la policía local y el poder impositivo, se ha abatido sobre una serie en continua expansión de oficios y profesiones.
En general, estas regulaciones no derivan del gobierno federal y, quizá por esta razón, el uso extendido de poderes de licenciamiento no se haya planteado como un tema político importante. Sin embargo, la ausencia del foco político de atención hace incluso más peligroso este insidioso barrenado desde el interior. Examinemos el proceso mediante el que se ha llegado a este estado de cosas.
El interés público y los intereses privados
El uso más sencillo de los poderes públicos de licenciamiento es para la simple obtención de ingresos. Esto no crea problemas mientras las tasas sean moderadas y no discriminatorias y la licencia no se use como disfraz para controles regulatorios.
Si varias unidades públicas imponen tasas y estas son más que nominales en relación con la rentabilidad del negocio licenciado, su efecto acumulado puede ser restringir la entrada en los mercados locales o poner a los negocios gravados en desventaja con respecto a los competidores. Así que se pueden crear barreras comerciales del tipo antes explicado.
Los problemas reales de la exclusión monopolista aparecen cuando se impone el licenciamiento bajo el poder policial de las administraciones locales para el fin de proteger la salud y seguridad del público o porque los negocios afectados son de otra manera “afectados por el interés público”.
Hay casos claros en los que la intervención pública es necesaria para la protección de la gente. Es innegable que deben requerirse ciertas calificaciones a gente para que se llamen a sí mismos doctores, enfermeras y dentistas, a quienes dispensan medicinas o a construyen edificios bajo contrato.
Igualmente, la importancia de imponer patrones de pureza o seguridad con respecto a ciertos productos puede requerir intervención pública; que la leche se inspeccione adecuadamente, que los edificios cumplan unos requisitos mínimos de seguridad, que se mantengan patrones razonables de higiene en peluquerías y restaurantes está indudablemente relacionado muy de cerca con la higiene pública.
Sin embargo de esto no se deduce que el licenciamiento sea el mejor método para obtener estos fines. Aunque las leyes y “códigos” de licenciamiento que prohíben la práctica de profesiones concretas o la fabricación de determinados productos sin licencia y que establecen condiciones que deben observarse bajo pena de revocación de la licencia puedan ser el método más eficaz y sencillo, son al mismo tiempo medios por los que los gobiernos pueden arbitrariamente restringir la entrada en profesiones legítimas y discriminar productos.
Como veremos, los gobiernos han abusado frecuentemente de sus poderes y tal es la fuerza de la técnica de licenciamiento que incluso cuando gran parte del público aprecia que se ha impuesto, no tiene recurso salvo mediante los juzgados y estos no es infrecuente que rechacen ayudar. Servicios o productos equivalentes no pueden obtenerse legalmente, salvo de un productor licenciado.
Por tanto, incluso cuando está claro que es deseable la intervención pública, el método de licenciamiento puede no ser el mejor método para intervenir. Incluso si el gobierno desea insistir en que un constructor “cualificado” debería poder construir puentes, alcantarillas y rascacielos, así como casas residenciales, si todo lo que quiero es que se construya una casa, debería poder contratar a un constructor “no cualificado” mientras este sepa cómo construir casas.
Pero los miembros del público consumidor, incluso si están en desacuerdo con los estándares establecidos por el gobierno, no tienen alternativas, salvo aceptarlos cuando el licenciamiento es el método de regulación.
En muchísimos de los casos, si no en todos, en que la licencia es hoy el método aceptado, los certificados que indican las cualificaciones de los tenedores o las etiquetas de categoría de los productos deberían bastar para proteger al público sin poder al mismo tiempo en manos de las administraciones locales el poder de prohibir a un hombre llevar a cabo un comercio legal o una venta de un producto legítimo.
Pues desgraciadamente el concepto de higiene y seguridad públicas es un concepto elástico y, si existe disposición a estirarlo, puede estirarse fácilmente. Los miembros de comercios existentes que deseen protegerse de la competencia de recién llegados frecuentemente pueden convencer a su administración local de que hacen falta estándares muy estrictos para los nuevos en el negocio o que los productos competitivos nuevos deberían ser discriminados para que la gente esté protegida frente a algunos supuestos males.
Así el licenciamiento por interés público degenera en licenciamiento por interés privado. A veces los tribunales han sentenciado en contra de la legalidad de dichos intentos, adivinando y condenando el mal uso del poder estatal.
No se nos permite averiguar los motivos del legislador y aun así ¿por qué debería un tribunal declarar ciegamente que la higiene pública está afectada cuando todo el resto de la humanidad sabe muy bien que el control del negocio de la fontanería por el consejo y sus licenciados es el único fin visible?
Sin embargo esta fue una sentencia temprana. Hoy en día los tribunales siguen una opinión más indulgente (y deliberadamente ciega). Han permitido extensos requisitos educativos a imponer como requisito previo para entrar en la profesión de peluquero, diez años de experiencia o un grado universitario como requisito previo para fontaneros, buena moralidad para fotógrafos, “sólidos conocimientos teóricos de construcción de relojes”, así como habilidad técnica para relojeros, buena reputación, así como recomendaciones de dueños de propiedades locales para constructores, nueve meses de universidad y tres años de aprendizaje más la recomendación de dos directores de funerales “familiarizados con su reputación y carácter” para embalsamadores. La lista podría extenderse fácilmente.
El sistema de gremios ha vuelto
Además, y aquí es donde se hace incluso más fuerte el parecido con el método de control del gremio, la administración de licencias y los controles regulatorios se ponen a menudo en manos de los miembros existentes de las profesiones a controlar y se ejercen casi abiertamente para el fin de restringir la competencia.
A esto se le llama autogobierno de la profesión. Genera no solo la exclusión de posibles novatos y la explotación del consumidor, sino también disputas jurisdiccionales que recuerdan a los viejos pleitos entre gremios medievales, aunque llevadas a cabo dentro del legislativo.
¿Quién puede cortar el pelo, los esteticistas o los peluqueros? En Utah, Connecticut, Arkansas, Illinois la batalla ha sido furiosa. Si los peluqueros tenían éxito en excluir el corte de pelo de las condiciones de la licencia de esteticista, estos replicaban excluyendo a los peluqueros de rizar, ondular, tintar, dar mechas, etc. Solo podemos preguntar con desconcierto: ¿qué tiene esto que ver con la higiene pública?
¿Quién puede eliminar verrugas, los esteticistas o los cirujanos? En Oregón, los esteticistas pueden hacerlo, pero solo en la “parte superior” del cuerpo. E n Oregón también un demostrador de crema fácil debe tener una licencia.
En nombre de la higiene pública, descubrimos que en Colorado no pueden servirse comidas en droguerías o grandes almacenes ni en donde se venda cualquier otra cosa, en Philadelphia, los grandes almacenes no pueden tener un departamento de óptica u optometría, en Nueva York ni siquiera se puede ser socio de una droguería sin estar licenciado. En otros lugares, el bicarbonato sódico, la hamamelis, la sal de Epsom o el yodo solo pueden venderlos farmacéuticos licenciados.
En nombre de la seguridad pública, las casas prefabricadas se han visto perjudicadas por la legislación a favor de los métodos convencionales de construcción, algunos materiales de construcción se han visto arbitrariamente discriminados negativamente e instalaciones de fontanería apropiados para el edificio del Departamento de Justicia no pueden instalarse en casas privadas por un constructor que quiera mantener su licencia.
Este casi indisimulado uso de las regulaciones de licenciamiento para proteger la higiene y bienestar públicos como disfraz para licenciar para proteger la riqueza y el bienestar privados aparentemente ha mermado tanto las sensibilidades de los hombres frente a la implicación del uso del poder público para fines privados que una tercera función del licenciamiento se ha hecho cada vez más importante: el uso abiertamente declarado del licenciamiento para el propósito directo y declarado de regular precios y prácticas competitivas.
En Luisiana, el legislativo decidió que “los precios bajos hicieron imposible soportar y mantener de forma segura e higiénica los servicios de peluquería para el público. El resultado fue declarado por la legislatura como una amenaza para la salud, el bienestar y el control razonable de los ciudadanos del estado y que tendía a la transmisión de enfermedades”.
Florida puso una disposición de fijación de precios para los negocios de tintorería y lavandería y fue mantenida por el tribunal basándose en que “cuando las condiciones en los negocios son tales que el bienestar del público no estaría adecuadamente protegido por una competencia sin restricciones, está dentro del poder de policía del estado remediar el mal”. En Wisconsin, una licencia de vendedor de automóviles puede revocarse si hace concesiones en ventas de coches usados que puedan afectar “adversamente” a la competencia.
Así que se están materializando los temores expresados por el tribunal en 1885. Hasta ahora hemos presentado solo una parte del panorama. El licenciamiento también se usa extensamente, como veremos después, para regular los precios de la leche y los precios de una gran variedad de otros productos agrícolas.
El uso del licenciamiento para proteger la higiene y la seguridad sea está mezclando gradualmente con el licenciamiento para proteger rentas en cualquier caso en que pueda demostrarse que la competencia va a dañar a alguien. Está claro a que grupos profesionales, semiprofesionales, vocacionales y normales les tocó la lotería cuando redescubrieron el viejo principio del licenciamiento y la regulación del “consejo” con aprobación legislativa.
Publicado originalmente el 9 de marzo de 2010. El artículo original se encuentra aquí.
