Michelle Bachelet ha emprendido una serie de transformaciones que ponen en jaque el sistema que ha brindado progreso y bienestar al país. Se busca sustituir este sistema, basado en la libertad, en la iniciativa privada y en el mercado abierto, por uno en que el Estado adquiere protagonismo y lo pierden los particulares. Las reformas tributaria, laboral y a la educación están destinadas precisamente a crear un Estado más grande y con amplias atribuciones como interventor y planificador. Lo que se obtendrá, sin embargo, es uno ineficiente y un menor bienestar (o, lo que es lo mismo, un mayor malestar). Por eso y mucho más, acuso a Bachelet.
Yo la acuso, Bachelet, por la reforma tributaria, causa de pobreza y carestía. Aumentar la carga impositiva de las empresas es aumentar el precio general de los productos. No perjudica a los grandes empresarios, que seguirán ganando igual que antes, sino a los consumidores. A nadie le gusta sufrir pérdidas, y evidentemente los empresarios –aun los filantrópicos- no son la excepción. No hay que hilar demasiado fino para darse cuenta de que el alza impositiva será traspasada a los precios. Por lo tanto, los consumidores tienen un menor poder adquisitivo. Con el mismo dinero de antes, ahora podrán comprar menos cosas. Por otra parte, los consumidores -todos- también tendrán que pagar mayores impuestos, ya directos, a la renta, ya indirectos, al consumo. Es decir, los contribuyentes tendrán que pagar más al fisco y el dinero con que puedan quedarse no valdrá ya tanto como antes. De este modo disminuye el poder adquisitivo y aumenta la pobreza del ciudadano común. Una medida tendiente a combatir la desigualdad económica termina profundizando la brecha entre los ricos y los pobres.
Yo la acuso, Bachelet, por la reforma educacional, causa grave perjuicio para la educación pública y los niños de nuestro país. Acabar con el lucro de las sociedades educacionales es acabar con los colegios particulares subvencionados. El 78% de estos colegios tiene fines de lucro, de los que algunos, los que tienen copago alto, se convertirían en particulares pagados, pero la mayoría cerraría sus puertas, dejando a más de 1 millón de niños sin su colegio. Sus padres tendrán que llevarlos a otros particulares subvencionados, pagando más (porque los que queden en pie tendrán que invertir en personal e infraestructura para poder acogerlos) o a los colegios municipales. Como sea, casi todos los alumnos tendrán que estudiar en los municipales, es decir, en los de mala calidad. Y hasta ahora el proyecto no contiene ni una sola referencia al mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Capacitar a los profesores y dignificar la docencia? Esto parece ser secundario.
Yo la acuso, Bachelet, porque la reforma niega el derecho de los padres de decidir libremente el colegio de sus hijos y porque termina con la pluralidad de proyectos educacionales. Para que esta sea posible es necesario que los colegios tengan la posibilidad de seleccionar a sus alumnos. Por ejemplo, para que un colegio católico pueda efectivamente impartir una enseñanza católica debe poder seleccionar a las familias que quieren ese tipo de formación. Si no existe la posibilidad de seleccionar, entonces tampoco pueden existir diferentes proyectos, sino el que el Estado crea adecuado para educar a los alumnos. Y ese modelo el Estado lo impone arbitrariamente a las familias.
Yo la acuso, Bachelet, por la reforma laboral. Porque al entregar la titularidad del derecho a negociar colectivamente y al imponer a los trabajadores la representación sindical entrega poder a los sindicatos y niega a los trabajadores la libertad sindical. Porque al poner fin al reemplazo en la huelga –buscando maximizar su efecto- se da a los sindicatos el monopolio sobre la oferta de trabajo y ataca la libertad de trabajo de los empleados ajenos al conflicto, que no podrán trabajar efectivamente, y la libertad de contratación de quienes ofertan su fuerza laboral al empresario. Esto beneficia a los dirigentes sindicales, no a las bases. Crea rigidez en el mercado laboral y desincentiva la contratación, provocando desempleo y bajando los sueldos.
Yo la acuso, Bachelet, a usted y a su Gobierno, por actuar movidos por un ideologismo añejo más que por la razón. Por su arrogancia y soberbia, que les impide reconocer y enmendar sus errores. Por dañar a miles y miles de ciudadanos, contribuyentes, trabajadores, padres y niños. Por perjudicar a los más pobres de entre los pobres. Por querer más Estado y menos libertad. Yo la acuso, Bachelet, y el pueblo la declara culpable.
Artículo publicado originalmente en Chile B.
