Como Murray Rothbard argumentaba, las operaciones del Estado no deberían existir. Pero en la medida en que existan, deben ser realizadas de la forma más eficaz posible de acuerdo a las necesidades y deseos de los contribuyentes obligados a financiarlas. Mientras las escuelas públicas existan, como en el siguiente artículo, Ninos Malek argumenta, el personal y los padres en la escuela deben estar autorizados a armarse para proteger sus cargos y sus niños. Un cartel que dice, “Zona libre de armas” no sirve como una advertencia a los asesinos, sino como una alfombra de bienvenida.
Las tragedias y atrocidades inspiran un deseo intenso en el corazón humano hacia la acción y el cambio radical. El cambio radical que sigue a Sandy Hook no debe ser para desarmar a la población en general aún más, lo cual sólo daría lugar a más atrocidades (a manos de criminales independientes y el Estado), sino un rechazo masivo de la educación estatal. A raíz de esta tragedia, los padres deben retirar a sus hijos de las escuelas públicas por el bien de su educación y seguridad. Y deben gritar, con la pasión de protección que acompaña a ser padre o madre, para la abolición inmediata y completa de todas las restricciones a la educación en el hogar y en la escuela privada. Ha llegado el momento para que los padres traigan a sus hijos de vuelta del Estado. – Daniel J. Sánchez
El siguiente artículo circuló originalmente el 24 de octubre de 2006.
A la luz de los recientes acontecimientos, el presidente Bush organizó una cumbre sobre la seguridad escolar. Por supuesto, la razón por la que estos acontecimientos son noticia es porque, en realidad, no son tan comunes si se tiene en cuenta cuántos tiroteos han ocurrido en relación con el número de escuelas que hay en este país.
Por ejemplo, en 2006 sólo ha habido cuatro incidentes con armas de fuego en las escuelas. Básicamente, las escuelas son lugares seguros para los niños; son más propensos a morir de forma violentas en otros lugares. Así que, aunque estoy de acuerdo en que no queremos tener una reacción instintiva ante ciertos eventos, el verdadero problema que hay que abordar es por qué a las escuelas no se les permite protegerse de los psicóticos o la gente mala.
Según John R. Lott, Jr., Ph.D. economista y autor de Más Armas, Menos Crimen y el Sesgo Contra las Armas, la prohibición de las armas puede parecer el camino lógico para mantener seguros a los niños en la escuela. Sin embargo, el autor utiliza una analogía simple:
¿Te sentirías seguro poniendo un letrero en frente de su casa diciendo: “Esta casa es una zona libre de armas”? Los ciudadanos respetuosos de la ley podrían estar satisfechos con tal signo, pero para los criminales sería una invitación.
Lott señala que en 1985, sólo ocho estados tenían leyes para portar armas. Leyes que permiten a una persona obtener automáticamente un permiso, siempre que hayan pasado un chequeo de antecedentes criminales y completado un curso de formación. Hoy en día hay cuarenta estados que tienen alguna versión de estas leyes. El examen de Lott de los datos mostró que “desde 1977 a 1999, los estados que adoptaron leyes para portar armas experimentaron una caída de 60% en la posibilidad de que los ataques ocurran y una caída de 78% en la posibilidad de que personas mueran por dichos ataques”.
Por otra parte, señala que antes de 1995, era posible que los maestros llevasen armas a la escuela en muchos estados y que “la ola de tiroteos estudiantiles en las escuelas se inició en octubre de 1997 en Pearl, Mississippi después de la prohibición” (la cursiva es mía).
Israel y Tailandia se han citado como ejemplos de cómo las armas en las escuelas pueden salvar vidas. De hecho, el congresista Frank Lasee (republicano) de Wisconsin planea introducir una legislación para permitir a los maestros y administradores llevar armas de fuego en los Estados Unidos. Indudablemente, los demócratas liberales y republicanos no apoyarán esta legislación, con el argumento de que las armas son una medida demasiado extrema. Algunos políticos más conservadores probablemente propondrán una legislación que ordena que todos los gobiernos locales proporcionen presencia policial en todas las escuelas del país.
Pero, si proveer educación es supuestamente un deber del gobierno y los maestros en las escuelas públicas son agentes del gobierno, ¿por qué no pueden ser entrenados para llevar un arma para proteger a los niños que el estado ha colocado bajo su cuidado?
La pregunta aquí es si los profesores debidamente capacitados y administradores deben tener la libertad de traer un arma a la escuela – para actuar como extensiones de aplicación de la ley en los recintos escolares.
Actualmente, la ley impide que esto suceda. La Ley de zonas escolares libres de armas de 1990 hizo ilegal para cualquier persona poseer un arma de fuego en una zona escolar, ¡incluso a un oficial de policía cuando no está en misión oficial o un maestro que también podría ser un oficial de reserva de la policía!
El término “zona escolar” significa en o sobre la base de una escuela pública, parroquial o privada, o dentro de una distancia de 1.000 pies de una escuela. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esto en 1995 (Unites States v López) por haber violado los límites de la Cláusula de Comercio de la Constitución. La Legislación aún establece que es ilegal tener una pistola a 1.000 pies de una escuela.
El Servicio Secreto de Estados Unidos junto con el Departamento de Educación elaboraron un estudio titulado “El Informe Final y Conclusiones de la Iniciativa de Seguridad Escolar: Implicaciones para la Prevención de Ataques a Escuelas en los Estados Unidos”, que proporciona información sobre los antecedentes de la violencia escolar y los mitos asociados con la violencia escolar.
Sin embargo, la principal sugerencia dada a los maestros es:
Por último, los educadores pueden desempeñar un papel en la prevención mediante la creación de un ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos contándoselo a un adulto cuando se enteren de que alguien está pensando hacer daño a otra persona, o incluso si la gente está pensando en hacerse daño a sí mismos. Una vez creado dicho entorno, seguirá siendo importante que los adultos en ese ambiente escuchen a los estudiantes y manejen la información que reciben de manera justa y responsable.
Así que ahí lo tenemos: el gobierno que se supone que debe proteger a la gente termina por recomendar sólo un “ambiente” en el que se supone que todos se sientan especiales y escuchados. En lugar de protección, obtenemos la terapia.
La gente responde a los incentivos. El análisis económico se puede aplicar a la conducta criminal. La gente elige hacer más de algo cuando el costo es bajo y optar por hacer menos de algo cuando el costo sube. ¿Por qué esta lógica de repente se desmorona cuando estamos hablando de adultos degenerados y cobardes o estudiantes que quieren cometer un asesinato? Ellos también podrían pensar dos veces si supieran que podrían ser detenidos.
La situación se vuelve más irritante cuando se trata de escuelas privadas. Que las instituciones privadas no estén autorizadas a determinar sus propias políticas de seguridad es una clara violación de los derechos de propiedad por parte del gobierno. Dejen que las decisiones voluntarias de las distintas escuelas y los padres (los consumidores) decidan si los niños deben estar en la presencia de maestros con armas de fuego.
Después de todo, ¿no tienen los padres el derecho de cuidar a sus hijos en la forma que mejor les parezca? Puedo oír la objeción: “¿Qué pasa si un maestro es psicótico y decide disparar a todos sus estudiantes?” Estoy perplejo cuando escucho el mismo argumento que se utiliza en contra de que las compañías aéreas puedan armar a sus pilotos (y, por lo tanto, proteger su propiedad privada). Si un piloto tiene problemas mentales, ¿no puede volar contra el suelo y matarme si quiere?
De hecho, preferiría que me pusiera fuera de mi miseria con un disparo en la cabeza a que me permitiera pensar en mi muerte inminente con un clavado en la Tierra. Mi punto es que si un profesor es emocionalmente inestable, no hay nada que le impida llevar un arma a la escuela y de cometer su acto cobarde y patético ahora. Si tuviéramos un mercado libre en la educación y la Segunda Enmienda se respetara, los padres que no confíaran en los profesores con armas enviarían a sus hijos a las escuelas libres de armas y aquellos que sienten que una escuela con maestros armados proporciona un entorno más seguro, premiarían a las escuelas que proporcionaran ese servicio con sus dólares. La formación y la evaluación de los docentes se puede hacer por instituciones del sector privado, por supuesto.
Nuestro sistema de educación pública es uno de coerción – la gente está obligada a través de los impuestos a apoyar a las escuelas. Por lo tanto, podría entender la objeción de los padres anti-armas a la legislación que arme a los maestros y administradores de las escuelas de sus hijos. Una vez más, este es otro ejemplo de cómo un sistema privado voluntario sería más eficaz y respondería a los deseos de los padres.
Desafortunadamente, debido a que el gobierno ha monopolizado el sistema educativo y la Segunda Enmienda ha perdido su verdadero significado, las escuelas probablemente no serán capaces de protegerse mejor contra los que están enojados con el mundo o que tienen “problemas” sin resolver. Oímos hablar de las historias de los niños y adolescentes asesinados con armas de fuego – tal vez debería ser el momento de escuchar acerca de cómo los niños y adolescentes fueron salvados por armas de fuego.
Publicado el 2 de agosto de 2011. Traducido del inglés por Andrés Minchalo G. El artículo original se encuentra aquí.
